El conseller de Movilidad y Territorio, Rafael González, elude contestar qué
implicaciones tendrá la Ley Agraria de 2019 en Formentera y solo responde
que “se está estudiando”
Formentera, 1 de diciembre de 2020.- Sa Unió de Formentera PP-Compromís ha anunciado que
exige al conseller de Movilidad y Territorio, Rafael González, que informe “de forma urgente” sobre
qué solución tiene previsto implementar el pacto de izquierdas en Formentera “para salvaguardar
el territorio y, al mismo tiempo, los derechos de los pequeños propietarios para edificar una
vivienda para sus descendientes” después de que el pasado 31 de enero de 2019 el Govern balear,
presidido por la socialista Francina Armengol, aprobase la nueva Ley Agraria que tendrá una gran
repercusión sobre el territorio de las Islas Baleares y, sobre todo, de carácter urbanístico.
Es por eso que en el Pleno del Consell del 25 de noviembre, Sa Unió, a través del Conseller Javier
Serra, preguntó específicamente sobre “qué repercusiones concretas tendrá la “Ley Agraria” sobre
la Isla de Formentera”, añadiendo a la pregunta si “supondrá modificaciones a nivel urbanísticos” y
“cuáles son estas modificaciones”. En dicha interpelación, Sa Unió pretendió que el conseller
explicara a los vecinos de Formentera las noticias publicadas en los medios de comunicación donde
se ponía de manifiesto la prohibición de construir nuevas viviendas en suelo definido como áreas
de Interés Agrario en suelo rústico común (SRC-AIA) a no ser que vayan vinculadas a una
explotación agraria preferente.
El Conseller González eludió contestar a las preguntas de Sa Unió con un simple “lo estamos
estudiando” cuando la Ley Agraria se aprobó hace casi dos años, y que el próximo 1 de marzo
finaliza el periodo para que los PTI’s se adapten y definan que zonas han de ser AIA, ya que según el
PTI de Formentera aprobado en 2010 se definió que todos los suelos rústicos de régimen general
(SRC-SRG) de Formentera están definidos como AIA, y por lo tanto les es de aplicación dicha
prohibición de la Ley Agraria.
Desde Sa Unió afirman que esto “crea, de nuevo, una inseguridad jurídico-urbanística a
profesionales y vecinos de Formentera, los cuáles ven peligrar que sus hijos puedan edificar una
vivienda cuando sea necesario, y más en una isla limitada donde el terreno es escaso”. Añaden que
“lo único que se consigue con este tipo de iniciativas es generar que los precios del suelo disponible
se dispare todavía más y que nuevamente solo sea accesible por personas con un poder adquisitivo
muy alto proveniente del exterior de la isla”.
La coalición añade que “desde hace años GxF-PSOE en el Consell de Formentera ha ido modificando
la normativa y la han hecho cada vez más complicada para los vecinos de la isla que quieran hacer
alguna actuación sobre sus propiedades” por lo que “ahora estamos en un punto crítico que va más
allá, hasta el punto de condenar urbanísticamente a los propietarios de Formentera”.